HORA LIBRE
Álvaro
Belin Andrade
Los despidos de Flavino,
un respiro para Sefiplan.
El
famoso proceso de reordenamiento administrativo ordenado por Flavino Ríos
Alvarado en la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) ha resultado un
extraño respiro a las alicaídas finanzas del gobierno estatal, cuyos operadores
han contado con más de dos o tres meses para retener el salario de miles de
trabajadores del sector educativo.
Aunque
pareciera un extraordinario movimiento para limpiar la nómina de la SEV, con mucho
la más grande de la estructura gubernamental, y con ello acercarse a los
objetivos y propósitos de la Reforma Educativa propuesta por el presidente
Enrique Peña Nieto y aprobada por el Congreso de la Unión y los congresos
locales, lo cierto es que miles de vidas han debido tropezar con la falta de
pago de varias quincenas, sin que nadie les explique de qué se trata.
Es
al menos paradójico que, mientras decenas de dirigentes de los sindicatos
magisteriales, particularmente el SNTE en sus secciones 32 y 56, siguen
disfrutando de sus pingües honorarios que les permite el contar con dos y hasta
seis o más plazas de tiempo completo, miles de trabajadores han debido esperar
–con la angustia de no poder llevar nada a sus familias– mientras los tortuosos
administradores de la SEV aclaran si se dedican o no a las labores para los que
fueron contratados.
En
escueto comunicado emitido este lunes 25 de mayo, se señala que la SEV “cumple
con [el] reordenamiento administrativo, con el objetivo de que sólo los
docentes que cubran el horario de trabajo asignado perciban su salario,
informaron autoridades de la dependencia, quienes señalaron que esta iniciativa
responde a la Reforma Educativa.”
Lo
cierto es que esta instrucción girada por el Ejecutivo estatal, es decir, el
gobernador Javier Duarte de Ochoa, y el titular de la SEV, valga repetir:
Flavino Ríos Alvarado, supuestamente para ordenar y hacer “más eficientes” los
recursos, “todo con base en la ley”, ha obligado a miles de trabajadores de la
educación a sufragar con recursos de sus familias viajes extraordinarios a las
sedes regionales de la SEV, aunque en la mayoría de los casos a la misma sede
en Xalapa, para comprobar que sí trabajan, que sí acuden puntualmente a sus
lugares de labor y que lo que hacen es indispensable para que se mueva ese
enorme y torpe animal llamado sistema educativo veracruzano.
Aunque
la SEV ha dicho que “se cubrirán los salarios del personal que desempeñe de
manera adecuada sus funciones” (nada más faltaría que no lo hicieran), con el
reordenamiento administrativo han ocurrido dos cosas: 1. Se ha logrado un plazo
considerablemente largo para que la Sefiplan pueda atender otro tipo de
compromisos financieros, sin necesidad de endeudamientos con la banca privada,
y 2. La SEV tendrá manga ancha para, en las hipótesis que está manejando, pueda
echar a cientos de empleados que auxilian en planteles y oficinas, con el ánimo
de adelgazar el gasto administrativo.
Hace
tiempo que el terrorismo aplicado por las autoridades educativas, que son
ciegas a los actos de corrupción de sus funcionarios, ha permitido el despido
de cientos de trabajadores y empleados. No solo ha ordenado la disminución de
los salarios al sector que no está protegido por las mafias magisteriales, y la
cancelación de apoyos como viáticos, vehículos y combustibles para el
cumplimiento de sus labores; también ha afectado a varias dependencias cuyos
empleados no realizan actividades docentes, a las que ha abandonado a su
suerte.
Desde
su entrada a la titularidad de la SEV, Flavino Ríos Alvarado se reunió con
todos su personal directivo para ordenar una propuesta meticulosa sobre todo
aquel personal del que se debía prescindir a raíz del anuncio del famoso
decálogo de austeridad hecho por el gobernador Javier Duarte de Ochoa en marzo
pasado.
Despidos de personal, la
forma de ahorrar de Duarte.
El
decálogo duartista de austeridad no ha tocado a los grandes funcionarios. Los
gastos gubernamentales han permanecido como si todavía se vivieran tiempos de
bonanza y los órganos de control no solo no han apretado tuercas para
evitarlos, sino que han sido omisos para investigar y castigar aún aquellos que
han sido denunciados por organizaciones y medios de comunicación. El caso más
patético es el que hemos documentado en este espacio para el caso del Colegio
de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecytev), donde toda la familia del
director general goza de extraordinarias plazas educativas sin hacer maldita la
cosa.
La
forma de recuperar parte del gasto corriente ha sido la disminución de los
salarios y el despido de cientos de trabajadores, no solo en el sector
educativo sino en toda la estructura gubernamental.
Para
ello se anticipó el propio Gobierno del Estado. En febrero, un mes antes de
anunciar su famosa reingeniería, Javier Duarte envió al Congreso local una
iniciativa de reforma de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, que de
inmediato fue aprobada por los diputados. Uno de los cambios fue para eliminar
el pago de salarios caídos por más de un año durante juicios de laudos
laborales.
Las reformas fueron
publicadas en el número 083 de la Gaceta Oficial del Estado el 27 de febrero;
el artículo 43 señala que si durante el juicio no se prueba la legalidad del
cese del empleado, el trabajador tendrá derecho a la reinstalación, o tres
meses de indemnización, y en ambos casos solo tendrá derecho a salarios
vencidos por el periodo de doce meses.
Desde
la Secretaría del Trabajo, Previsión Social y Productividad, su titular Gabriel
Deantes Ramos, señalado infinidad de veces de
enriquecerse inexplicablemente a su paso por la SEV y Sefiplan, ha salido con
el discurso de que el ajuste que implementó el gobierno del estado al gasto
corriente no implica el despido de trabajadores. Para probarlo, el exvendedor
de teléfonos celulares, cínica y torpemente se fue a las estadísticas del INEGI
sobre empleo en la entidad y aseguró que es una de las que tiene menor
desempleo, incluso, por debajo de la media nacional. Menudo cochambre
intelectual, como si dichas estadísticas se refiriesen al empleo burocrático.
“No hay despidos, hemos
sido muy puntual (sic) que el recorte se ha hecho en gastos no prioritarios,
pero no en despido de trabajadores”, dijo. Deantes Ramos no ve… pero vigila. Dijo
que su dependencia está a cargo de vigilar que se respeten los derechos
laborales y que en caso de que se rescinda un contrato se liquide conforme a
derecho.
La realidad es que sí se
está despidiendo a cientos de empleados públicos, a muchos de los cuales se
coacciona para que presenten su renuncia y así evitar el pago de liquidaciones.
Lo que está ocurriendo en
la SEV, donde se habla de ‘legalidad’ en el despido de empleados aduciendo
argumentos tomados prestados de la Reforma Educativa, es un caso escandaloso.
No hay nada de legal en el hecho de mantener sin pagos a miles de empleados so
pretexto de que deben acudir a la SEV a demostrar que sí trabajan y sí son
útiles, cuando en todo caso es la dependencia la que debería tomar decisiones
contundentes porque se supone que conoce el intríngulis de las sucesivas
contrataciones.
Flavino Ríos Alvarado,
pasivo hasta la complicidad con los actos de corrupción que se hacen en sus
narices, se vuelve un inquisidor soberbio que disfruta las largas y demoradas
filas que sus empleados deben hacer para demostrar que sí devengan sus quincenas,
mientras que con los dirigentes magisteriales ha sido permisivo para que cientos
de privilegiados con ominosas comisiones sindicales sigan cobrando.
La gran ventaja es que a
quienes ha estado despidiendo, muchos de ellos incluidos en la lista negra por los
nuevos funcionarios que ha llevado a la SEV porque quieren meter a sus huestes,
no están organizados ni son protegidos siquiera por los sindicatos que
gobiernan la educación en Veracruz.
¡Vaya fiasco!